La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad recuerda que en 2013 la Ley vuelve a reducir los plazos de pago a proveedores

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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) acaba de emitir un comunicado en el que recuerda que, a partir del 1 de enero de 2013, la Ley española vuelve a reducir los plazos de pago a proveedores, obligando a que las Administraciones Públicas abonen sus facturas en 30 días, mientras que las empresas podrán hacerlo en un plazo de 60 días.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha recordado, en un reciente comunicado, que la Ley española obliga a partir del 1 de enero de 2013 a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente. 

Asimismo, la PMcM resalta que, igualmente, la Directiva Europea, que se implantará a partir de marzo, prevé la posibilidad de cobrar interés legal de demora, la compensación por los costes de cobro “y, según fuentes europeas, hasta se podría llegar a sancionar al Gobierno español si la incumpliera”. 

La PMcM enfatiza en su comunicado que en la actualidad “pymes y autónomos están sometidos a un doble estrangulamiento, el de la restricción crediticia y el del impago de los importes que tanto Administraciones Públicas como otras empresas les adeudan. Este hecho se agrava en el caso de aquellas empresas a las que sus proveedores les exigen pagar en plazos sin ningún tipo de demora”. 

Según la PMcM, estas pymes y autónomos tendrán que realizar, con la llegada de la nueva reducción de los plazos de pago, “un esfuerzo mayúsculo para pagar en unos plazos aún más reducidos, pero sin que por ello vayan a cobrar de sus clientes conforme a la ley. Esto causa un desfase insostenible que empeorará si el Gobierno no pone en marcha de forma inminente las medidas necesarias”. 

Ante esta situación, la PMcM solicita a la Administración que ponga en marcha con carácter de urgencia “medidas que permitan mejorar la liquidez de las empresas en estos momentos de escasez de crédito. Por ejemplo, la implementación de la prometida aplicación del criterio de caja en las declaraciones de IVA de pymes y autónomos evitaría que tuvieran que adelantar el importe del IVA de facturas que todavía no han cobrado, lo que supondría un gran alivio financiero que compensaría en parte el citado desfase”. 

Asimismo, la PMcM propone la creación de un Observatorio de la Morosidad que ponga de manifiesto la situación real de los pagos en España, y, sobre todo, la aprobación de un régimen sancionador con multas ejemplarizantes que normalice los pagos entre compañías. 

También señala que hay que implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial, como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia. Esto es especialmente importante ahora, cuando debido a las nuevas tasas judiciales se va a producir un encarecimiento aún mayor de los ya de por sí onerosos y tediosos procedimientos legales de recobro. 

Para la PMcM, la morosidad no es un tema colateral, sino que se ha convertido en un problema trascendental y social, ya que si consiguiéramos reducirla podríamos dar algo de oxígeno a las empresas, en general, y a las pymes y autónomos, en particular, para evitar así la desaparición de más empresas y puestos de trabajo. Desde que se inició la crisis, la PMcM estima que de unas 500.000 empresas que han desaparecido entre pymes y autónomos, un tercio ha sido debido a la morosidad.

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