¿Cómo ha funcionado en otros países los límites al uso del efectivo?

expansion.com  —  Raquel Villaécija / Graziella Ascenzi.

La medida anunciada por el Gobierno de limitar los pagos en efectivo en España sorprendió a propios y extraños. Según publica EXPANSIÓN en Orbyt este límite al uso del efectivo podría quedar situado en 1.500 euros. En España sería la primera vez que se imponen límites a las operaciones en metálico, pero es una iniciativa que es muy antigua en otros países de Europa, y que han tendido a acrecentarse en periodos de necesidad recaudatoria de los países.

Hay que remontarse al lejano año de 1940 para ver las primeras medidas en este sentido. En aquel difícil año, Francia aprobaba una ley con la que se limitaba a 100.000 francos el uso de efectivo en los pagos de salarios y las transacciones inmobiliarias. Con los años se han producido muchos cambios y excepciones. Actualmente París limita el pago en metálico a 3.000 euros con el fin de luchar contra el blanqueo de dinero. En el caso de Italia, la medida nació en 1991 y, tras varios cambios, se ha vuelto más agresiva a partir de 2011, cuando se ha rebajado el límite a 1.000 euros. Actualmente hay una férrea oposición social en el país transalpino a estos controles.

En ambos países, estas medidas se implantaron para evitar que aquellos que obtienen el dinero negro a través de la venta de operaciones ocultas al control de Hacienda puedan ‘limpiarlo’ al gastarlo.

En el caso francés, desde 2010 el límite en el pago en metálico es de 3.000 euros para los particulares y compañías residentes en el país y de 15.000 para aquellos que tributen en el extranjero y que justifiquen que la operación no se debe a su actividad profesional. Además, París establece un límite de 1.500 euros para el embolso de nóminas en efectivo y no permite el envío de dinero por correo postal. Más allá de estas cantidades la operación tiene que formalizarse a través de un banco.

Los infractores que superen los límites permitidos deberán abonar por su acción fraudulenta hasta un 5% de las sumas pagadas de manera ilegal, según una ordenanza aprobada en 2005. La multa la sufrirán a partes iguales tanto el que paga como el que recibe el dinero en metálico.

Se trata de luchar contra una lacra que, según El Elíseo, desangra al Estado. En 2010 París dejó de ingresar 8.000 millones de euros por culpa del dinero no declarado de empresas y profesionales, mientras que los particulares que burlaron el control del fisco hicieron perder al estado 4.720 millones, según datos del Ministerio de Presupuestos. Estos datos, aunque muy llamativos en el país vecino, palidecen ante el 23% del PIB de economía sumergida que los estudios atribuyen a una economía como la española.

En 2009 el entonces titular de la cartera de Hacienda gala, Eric Woerth, emprendió una campaña de lucha contra el fraude fiscal en el extranjero. “Es una prioridad por el impacto financiero que (el fraude) tiene cuando los déficit públicos alcanzan grandes sumas”, señaló entonces el dirigente. Su sucesora hoy en el cargo, Valérie Pécresse, anunció hace semanas su intención de reforzar las herramientas con las que ahora cuenta Hacienda para controlar a aquellos que evaden impuestos. En concreto podría ampliar el plazo que ahora tiene el fisco para investigar las cuentas de los contribuyentes de tres a diez años.

También prevé dar más poderes a la policía fiscal para que ésta pueda investigar las cuentas que los franceses tienen en el extranjero. En el futuro estos agentes podrán iniciar pesquisas en otro país que haya firmado un acuerdo de intercambio de información con Francia. Desde 2007 el Gobierno de Sarkozy ha conseguido recuperar 50.000 millones de euros gracias a los diferentes mecanismos de prevención, entre ellos el límite en el pago de efectivo. El objetivo marcado por el Ejecutivo de Rajoy es de 8.100 millones al año.

El plan Prodi
El caso de Italia es diferente y más restrictivo. Romano Prodi inició la medida en 1991, con un límite de 12.500 euros (20 millones de liras). De 2004 a 2007 se extendió él ámbito de aplicación de la ley y el limite fue modificado varias veces. En 2008 fue rebajado hasta 5.000 euros para subir nuevamente hasta 12.500 dos meses después. En 2010 volvió a 5.000 euros y el pasado agosto fue reducido hasta 2.500 euros. Finalmente, Monti redujo el límite a 1.000 euros.

El limite atañe a la transferencia de efectivo, de libretas bancarias, de correo (postal) o de títulos al portador. Ha sido fijado en 1.000 euros, respecto a los 2.500 euros establecidos anteriormente. A partir de este umbral está permitido sólo el pago con cheques nominativos, tarjeta de crédito o transferencias bancarias.

Las autoridades italianas han previsto un periodo de transición para permitir a todos los sujetos interesados de adaptarse de manera gradual al nuevo limite. Por lo tanto, hasta el 31 de enero de 2012 no será sancionado quien supera el nuevo umbral, a condición de que haya respetado el limite anterior de 2.500 euros. En cambio, a partir del próximo día 1 de febrero está prevista una multa hasta el 40% del importe para quien no respete la nueva norma. También será trasladada la información al Ministerio de Economía y a la Agencia de Aduanas con el fin de buscar relaciones con tramas relacionadas con el terrorismo y el blanqueo de dinero.

La evasión fiscal en Italia alcanza los 120.000 millones. La norma ha sido considerada eficaz en el país transalpino incluso para la lucha contra esta enorme evasión fiscal. Se ha llegado a barajar la posibilidad de rebajar el limite hasta 500 euros, pero finalmente se dejó en los 1.000 antes mencionado por las presiones del partido Pueblo de la Libertad, que lo consideraba demasiado bajo.

El nuevo limite afecta también Administración Publica. A partir del 7 de marzo los sueldos de los trabajadores del sector publico y las pensiones iguales o superiores a los 1.000 euros no podrán ser pagadas en efectivo. Estos trabajadores podrán elegir entre la acreditación en una cuenta corriente, una libreta postal o una tarjeta electrónica específica. Las entidades interesadas deberán favorecer la apertura de cuentas corrientes con unos servicios mínimos gratuitos.

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